Por: Hugo Guerra
En realidad, sereno
lector, las insolencias del canciller santiaguino Alejandro Foxley en
torno a temas internos de nuestro país ya no sorprenden a nadie, porque
este mes es clave para el futuro de las relaciones entre Perú y Chile.
Son
varios los hechos significativos en curso. Primero, fue la
“preocupación” —infundada, pero efectista— por el uso de las aguas en
el proyecto de Minsur en la cuenca del río Azufre.
Luego afloró la intrusión en la polémica sobre la entrada en vigencia del TLC,
que aceptamos no sin advertir que los acuerdos comerciales solo
propician la paz cuando se dan en condiciones de elemental simetría.
Entre
tanto, queda pendiente lo medular: antes del próximo viernes 20
presentaremos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la
memoria de la demanda que busca restablecer la equidad en el límite
marítimo.
Esa inminencia tiene agitados a diplomáticos,
militares y antiperuanos, porque para el “Día D” los chilenos quieren
que nuestro agente en La Haya, el ex canciller Allan Wagner, se limite
a una presentación anodina, casi de mero trámite. Algo imposible por
las previsibles repercusiones mediáticas y porque se marcará en la
relación bilateral un “antes y un después”, puesto que la solidez de
nuestra posición no permite posturas blandas, entreguistas o
forzadamente conciliadoras.
Frente a eso —y tras el
precedente del fallo favorable a nuestra posición en el caso de Ucrania
y Rumanía— es sabido que Chile no está dispuesto a resignarse ante un
inevitable juicio prolongado (de tres años en promedio), por lo que
intentaría presentar una “excepción preliminar” (procesalmente
inadmisible antes de junio) en la pretensión de que la Corte
Internacional se declare incompetente o no admita a tramitación el
reclamo.
Eventualmente, pronto el embajador chileno en Lima
sería llamado a consulta “administrativa”, en el intento de bloquear la
toma de misión de nuestro nuevo embajador ante La Moneda, el notable
Carlos Pareja.
En este contexto es posible que las
relaciones peruano-chilenas bajen sustantivamente su nivel. De
antemano, sin embargo, el mundo está notificado de que si se escalase
en un escenario de tensión, la responsabilidad nos será enteramente
ajena.
El Perú únicamente reclama sus derechos por vía
jurídica internacional. Aquí, además, no se alienta esa ridícula
carrera armamentista, imposible de ocultar en el doblez argumental de
la propia señora Bachelet, quien antes de presidenta fue la ministra de
Defensa más agresiva de la historia chilena.
Su
planteamiento de una “relación inteligente” con el Perú —como
hubiésemos querido tras el hito del APEC— se ha convertido en un
estrepitoso fiasco por un canciller que como diplomático no ha
entendido su misión de apaciguador de los roces internacionales, y como
economista tampoco ha aprendido que los errores del chauvinismo se
pagan con vidas humanas, como los crímenes de 1836 y 1879.
Los
plazos de enmienda son cortos, pero ojalá Chile entienda que la única
salida digna es aceptar hidalgamente lo que en su momento resuelva la
Corte Internacional.
Por tantas pruebas del pasado y presente el TLC debe ser revisado y a la vez congelado hasta que se resuelva el problema marítimo
